El Archipiélago canario, ha contado con un tratamiento singular tanto en el ámbito administrativo como en el económico y fiscal, desde el siglo XVI tras su incorporación a la Corona de Castilla, , debido a su condición insular y de lejanía geográfica de Europa, así como a la escasez de recursos naturales, gozando, por todo ello, de un régimen fiscal especial basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo, además, en la existencia de impuestos locales.

Dicho régimen incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea (art 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con el objetivo de que los ciudadanos canarios estén en igualdad de oportunidades frente al conjunto de ciudadanos de la Unión Europea, debiéndose modular a tal fin la actuación estatal en las políticas económicas.

Atendiendo a la consideración de región ultraperiférica de la Unión Europea, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias comprende un conjunto de medidas económicas destinadas a potenciar la cohesión económica, social y territorial del archipiélago y la competitividad de sus sectores estratégicos, todo ello en aras de garantizar una situación en la que el coste medio de la actividad económica canaria permita competir a la economía insular con la del resto del territorio nacional.

Las medidas actualmente recogidas en la Ley se refieren a los ámbitos siguientes: transporte y telecomunicaciones; energía y agua; promoción comercial; promoción y rehabilitación turística; incentivos económicos regionales; creación de empleo y fomento de la integración social; incentivos a la inversión; formación profesional; fomento de la cultura…

En los últimos años han adquirido relevancia otras ramas de actividad económica como la gestión de residuos o el desarrollo de energías renovables, entre otras.

El REF (Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias) ha sido modificado recientemente mediante la Ley 8/2018, de 7 de noviembre, con la finalidad de:

  1. La actualización de los aspectos económicos del tradicional Régimen Económico Fiscal de Canarias.
  2. Garantizar que la lejanía e insularidad y las limitaciones estructurales permanentes de Canarias, son compensadas a través de políticas específicas y suficientes.
  3. Desarrollar un conjunto estable de medidas económicas y fiscales encaminadas a promover el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias, velando en particular por la efectiva atención de las islas no capitalinas.
  4. Fomentar la internacionalización de la economía canaria a través de la promoción de Canarias como plataforma atlántica

En función de lo expuesto, esta Ley justifica su calificativo de especial en elementos como los siguientes:

  1. Contar con un bloque de incentivos destinados a compensar problemas de discontinuidad territorial y en promover actividades generadoras de empleo o que acrecienten la competitividad interior y exterior de las empresas canarias.
  2. Reparar en áreas sensibles de atención debido a las consecuencias estructurales que provocan las problemáticas de capítulos como los del transporte, agua, energía, producciones y comercialización de productos agrícolas de exportación y consumo interno, pesca, telecomunicaciones y, finalmente, proyectos de I+D que utilizan recursos endógenos y cualificaciones especiales.
  3. Configurar un sistema flexible en los objetivos de fomento y atención especial, pero sin dañar a la consistencia de una Hacienda local canaria.
  4. Propiciar una función eficaz y creciente de la economía canaria en el Atlántico, mejorando la renta de posición estratégica e incorporando el carácter de frontera sur de la Unión Europea.

A continuación, se detallen las principales ayudas recogidas en la Ley en materia fiscal: